13/Abr/05

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Argentina: Nueva ley obligaba a almacenar los chats y emails durante 10 años

La ley entrará en vigor en julio y se corresponde con otras normas que distintos Estados están aprobando para espiar y controlar el uso que hacen los internautas de Internet.

(Noticiasdot.com) El 31 de julio próximo entrará en vigencia una ley que obliga a las proveedoras de Internet a almacenar todos los datos que se transmitan por el ciberespacio por un plazo de diez años.

Es decir que todos los movimientos que realice un usuario a través de su correo electrónico , incluso el contenido, el chat , y sobre cada uno de los sitios visitados en la web quedarán archivados por los proveedores.

La norma, que fue aprobada y reglamentada, se fundamenta como una herramienta de seguridad para evitar secuestros y casos de narcotráfico ya que de esta forma la Justicia podría acceder a la información si lo precisara.

Según una nota publicada en el diario Página/12, para expertos en derecho a la información esta ley es un claro ataque a los derechos civiles violando las más elementales normas sobre la protección a la intimidad

"Genera un grado de vigilancia permanente", señaló el abogado Damián Loretti, director de la Carrera de Comunicación de la UBA y cuestiona si el Estado asume la responsabilidad por los daños y perjuicios por el mal uso de la información.

La Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea (Cabase) que agrupa a las proveedores, presentó a mediados de diciembre un amparo en la Justicia en el que cuestiona la constitucionalidad de la Ley 25.873 y del decreto 1563/04.

Según el matutino, la abogada Mariana Tamara Saulquin, del Ministerio de Economía, defendió la norma y desestimó que la ley violara las normas constitucionales.

A través de un escrito en la causa, la letrada señaló que "se trata siempre y en todos los casos del acceso por parte del internauta a contenidos de acceso público (...) y si el juez interviniente estima necesario para la dilucidación de una causa determinar los hábitos de lectura de determinada persona"

Y aclaró que la norma "establece que el acceso a las grabaciones y datos recolectados sólo será posible mediante una orden judicial". Saulquin precisó que la normativa tiene como objeto "la defensa nacional" y "la averiguación y represión de ilícitos". Otras normas semejantes están en estudio en países europeos y distintas instituciones, como el del Defensor del Pueblo español, han pedido medidas similares. Todo ello en "aras" a la investigación de posibles delitos que un ciudadano pueda cometer en un momento determinado de su vida.

¿Para cuando una ley que instale un chip a todos los recién nacidos y que registre su actividad a lo largo de los años y que luego sirva para demostrar su culpabilidad en cualquier delito?

Diputados suman rechazos contra la ley que vigila Internet

El socialista Héctor Polino calificó de "totalitario" al proyecto que permite al Estado fiscalizar el correo electrónico y el chat. Mauricio Bossa, de la Ucedé, dijo que es una "intromisión".

(InfoBAE) El diputado socialista Héctor Polino embistió duramente esta mañana contra una ley que habilita al Estado a espiar las comunicaciones que realizan los usuarios vía Internet.

"Es un proyecto que tiene características totalitarias", arremetió Polino y agregó que "la Constitución tiene por misión proteger los textos que se envían los ciudadanos" y en este caso se aplica también "sobre los consumidores de Internet".

En este sentido, el legislador apuntó que el decreto vulnera la privacidad que debe existir en las comunicaciones entre personas y empresas.

Por su parte, el diputado Mauricio Bossa, de la Ucedé, dijo que "la ley es una intromisión, además que establece una serie de costos imposibles de afrontar".

Bossa, que integra la comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja, opinó que "esta ley es absolutamente inconstitucional y obliga a los compañías a disponer los tiempos necesarios para fiscalizar el correo. La empresa prestadora de servicios de telecomunicones está obligada a instalar mecanismos que graben las telecomunicaciones y así enviarlas al Estado".

Piden derogar la ley que permite espiar charlas telefónicas o por mail

El diputado Cristian Ritondo adelantó a La NaciOnline que habrá consenso para anular la norma.

(La NaciOnline) Diputados de diferentes partidos, encabezados por el justicialista Cristian Ritondo, presentarán mañana un proyecto para la derogación de la ley que obliga a los proveedores de servicios de Internet a almacenar durante 10 años información de sus clientes.

Los diputados analizan también la posibilidad de redactar una ley correctiva, tras realizar una serie de consultas con expertos en informática que coincidieron en destacar que la norma avasalla los derechos individuales de los usuarios.

En diálogo con La NaciOnline, Ritondo explicó los alcances del proyecto: "Necesitamos que esto se vuelva a discutir porque se planteó que podría ser inconstitucional; por lo menos debe someterse a una discusión con técnicos informáticos, donde también participen hombres del derecho y sin duda, analistas en el tema de seguridad".

El legislador opinó que "es inexplicable e imposible de contener que durante 10 años esté todo lo que pasa por Internet y las comunicaciones guardadas y que una empresa sea la que lo pueda almacenar".

Agregó que "esto significa que cada empresa tendrá que invertir una gran cantidad de dinero que terminarán pagando los usuarios. Se tiene que estudiar más en profundidad. Esto es demasiado abundante y no se deben vulnerar los principios más básicos relativos a la privacidad e intimidad".

La ley debería entrar en vigencia a partir del 31 de julio. Sin embargo, Ritondo aseguró que confían en una rápido salución del tema. "Creo que se va a dar una pronta discusión porque el presidente de la Comisión (Osvaldo Nemirovski) ha planteado que va a requerir por lo menos modificaciones".

El Gobierno

Esta mañana, el Gobierno expresó que esperará a que "se expida la Justicia" antes de evaluar si aplica alguna modificación a la polémica ley de Telecomunicaciones, que dispone el archivo de llamadas telefónicas y mails por diez años, con el objeto de combatir el delito, en especial los casos de secuestros extorsivos y narcotráfico.

Un integrante del Gabinete nacional, que pidió el anonimato, dijo que "el Gobierno va a esperar las presentaciones que se realicen ante la Justicia y que ésta se expida antes de tomar alguna decisión.

Consultado por DyN, el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, se excusó a responder, mientras que el jurista Daniel Sabsay dijo no encontrar "cuál es la fundamentación para la reglamentación de este decreto, que crea una situación abusiva en la cual todos vamos a estar permanentemente espiados", se quejó.

En declaraciones a radio Mitre, Sabsay opinó que, con esta normativa, "todos pasan a ser sospechosos", y la norma violaría "la zona de reserva de la intimidad".

En tanto, el diputado nacional Mauricio Bossa (UCEDE-Córdoba), uno de los tres legisladores que rechazó el proyecto, lo calificó hoy como "una gran locura y una enorme fantasía".

La ley de Telecomunicaciones (25.873), sancionada el 17 de diciembre de 2003 en la última sesión ordinaria del Senado, sobre tablas y sin debate parlamentario, fue reglamentada a través del decreto 1653 del 9 de noviembre del año pasado.

Las normativas señalan que las prestadoras de telecomunicaciones, incluidas las de telefonía móvil, deberán almacenar los datos de sus clientes: a quién llaman y qué llamadas reciben, la duración de los contactos y en qué lugar se encontraba el aparato en el momento de la comunicación.

También deben quedar archivados los contenidos de sitios visitados, salas de chat, correos electrónicos enviados y recibidos.

En declaraciones a radio Continental, Bossa consideró que la normativa "es anticonstitucional, porque establece que todos los ciudadanos están bajo sospecha".

"Se están metiendo con nuestra intimidad, y declaran que todos somos potencialmente sospechosos violando el precepto constitucional que dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario", agregó.

Bossa destacó que "éste fue un esquema que sugirió la SIDE al presidente del bloque del partido Justicialista, José María Díaz Bancalari, diciendo que ellos necesitaban que las empresas de telecomunicaciones les proveyeran gratuitamente escuchas telefónicas para casos sospechosos, y surge este proyecto que dice mucho más que esto".

"Técnicamente es un proyecto casi imposible de llevar a cabo; ni siquiera la película ´Misión imposible´ contempla tal tipo de tecnología. Esto suena a una gran locura, una enorme fantasía, y revela una increíble incapacidad de quien ha reglamentado la norma", agregó.

Kirchner ordenó derogar el decreto que reglamenta la polémica ley para controlar a usuarios de Internet

"El objetivo fue controlar el tráfico pero no el contenido", aseguró el jefe de Gabinete. La norma había despertado un enérgico rechazo.

(Clarín) Desde Alemania, el presidente Néstor Kirchner ordenó esta mañana suspender el decreto que reglamenta una polémica ley que obliga a los proveedores de Internet a almacenar durante diez años datos de sus clientes, por si la SIDE se lo pide a la Justicia.

La decisión presidencial fue confirmada pasado el mediodía por el jefe de Gabinete Alberto Fernández. "El objetivo fue controlar los tráficos y no el contenido", aseguró durante una conferencia de prensa. La norma había generado un enérgico rechazo desde todos los sectores por la amenaza que supone para los derechos civiles.

"Ni la ley ni el decreto suponían conocer los contenidos de los llamados, los emails o los chats", indicó el jefe de Gabinete. "Obviamente, el Gobierno no tenía esa intención al reglamentar la norma, por cuanto está absolutamente comprometido con el respeto a los derechos de las personas", aclaró.

El decreto derogatorio, según precisó Alberto Fernández, será firmado la semana que viene, una vez que el presidente Kirchner regrese al país.

La polémica había estallado tras una nota publicada el domingo en Página 12. De acuerdo con la norma, quedarán archivados en registros privados los sitios visitados y los contenidos del correo electrónico y chats de los usuarios, información que puede pasar a manos de los servicios secretos del Estado si media una orden judicial.

Esta mañana, tanto legisladores como constitucionalistas volvieron a criticar duramente la ley, aprobada sin debate a fines de 2003 y reglamentada el 9 de noviembre de 2004, por lo que tendría que empezar a regir a partir del 1º de julio (Edición impresa).

"Es una violación del derecho a la intimidad, es un allanamiento sin orden judicial que lo justifique. Los organismos técnicos y legales del Gobierno tuvieron todo un año para analizar la ley. Pero en todo caso, lo que hicieron fue hacer más represiva la norma...", volvió a afirmar el constitucionalista Daniel Sabsay en declaraciones televisivas.

"Esta norma da vuelta el principio de presunción de inocencia. Ahora somos todos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Me parece realmente muy perverso... Estas leyes son tratadas dentro en un paquete de fin de año y sobre tablas", completó Sabsay.

Cuando se aprobó, la ley fue presentada con un título que se refería solo a las comunicaciones móviles, como una ayuda para investigar los secuestros extorsivos para los que se usaban teléfonos celulares. Pero después, tras la intervención del ex ministro Gustavo Beliz y del secretario de Seguridad Norberto Quantín, se extendió a todo tipo de comunicaciones.

"La discusión era que los proveedores de servicios de telefonía celular debían informar en forma inmediata sobre las llamadas que tengan que ver con secuestros o con llamadas que se vienen siguiendo. Estamos hablando de noviembre de 2003", explicó la diputada Gracia María Jaroslavsky (UCR) sobre la aprobación de la ley en declaraciones a Radio Mitre.

"Esta es una herramienta que tiene el Estado para garantizar la seguridad de las personas. El tema es que el Estado distorsione estos instrumentos. No es que por ley el Estado esta obligado a espiar los mails”, indicó la legisladora.