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22/feb/02




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El límite de los derechos de propiedad intelectual

Se cuestionan las atribuciones del Congreso de los Estados Unidos para extender los plazos de vigencia de los derechos de propiedad intelectual. La Corte Suprema de ese país tratará un caso y puede ser el primero de muchos...

En la actualidad, se pierden ejemplares de libros, películas y canciones antiguas ante la imposibilidad de archivarlos porque el Congreso se ha excedido en sus atribuciones ampliando los plazos de vigencia de los derechos de propiedad sobre obras creativas.

Eso al menos es lo que argumentan los demandantes en el caso Eldred c/ Ashcroft, el más reciente en la interminable batalla sobre los derechos de propiedad intelectual en la era de la información.

El martes, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció que escucharía un alegato contra la Copyright Term Extension Act (Ley de Ampliación de la Vigencia de los Derechos de Propiedad Intelectual) aprobada en 1998, por la cual el Congreso extendió en 20 años el plazo de vigencia de los derechos existentes y los futuros.

"Cientos de miles de obras quedarán fuera del dominio público durante otros 20 años a menos que se revoque esta ley —dijo Geoff Stewart, uno de los abogados de la parte que inició la querella—. Dejar fuera del dominio público semejante cantidad de obras implica un ataque a la libertad de expresión."

El caso tiene mucha importancia para algunos editores que trabajan en Internet, como el que encabeza la demanda, Eric Eldred, a cargo de Eldritch Press, biblioteca pública gratuita de Internet que ofrece libros, poemas y ensayos poniéndolos al alcance de todo el público.

"Es una cuestión que tiene consecuencias directas sobre Internet porque muchas publicaciones que se presentan allí recurren a obras que son de dominio público", explicó Dan Bromberg, otro de los abogados.

Stewart, agregó: "La principal consecuencia para el mundo digital es que copiar el material es mucho más sencillo allí, y que se trata de una práctica muy difundida".

Está en discusión la ley aprobada en 1998, que lleva el nombre de Sonny Bono Copyright Term Extension Act - CTEA (Ley de Ampliación de la Vigencia de los Derechos de Propiedad Intelectual Sonny Bono).

En 1999, los actuales demandantes presentaron una recusación a la CTEA, argumentando que violaba la Primera Enmienda de la Constitución y que el Congreso se había excedido en las atribuciones que le otorgaba el artículo de la Constitución sobre derechos de propiedad intelectual.

El 16 de febrero de 2001, un tribunal del Distrito de Columbia rechazó la demanda contra la CTEA.

En los últimos 40 años, el Congreso ha extendido los plazos de vigencia de los derechos de propiedad intelectual 11 veces. La CTEA extendió esos derechos de 50 a 70 años después de la muerte del autor. La ley también extendió la protección a los trabajos realizados bajo contrato con grandes empresas, llevando el plazo de vigencia a 95 años.

Los abogados de los querellantes dicen que no hay indicio alguno de que el Congreso no vaya a seguir ampliando los plazos.

"Se trata de un caso de nulidad del fideicomiso", dice Lawrence Lessig, profesor de derecho de Stanford.

Los querellantes admiten que el Congreso tiene el derecho de dictar leyes que protejan la propiedad intelectual. Pero su preocupación es que debe existir un equilibrio entre el derecho del autor sobre sus obras y el derecho del público para acceder a ellas.

"No se trata siquiera del plazo (de protección) ni de sus términos —dice Bromberg—. La cuestión es si se puede extender la vigencia de un derecho ya existente."

El gobierno de Bush se opone a la revisión de esta cuestión por parte de la Corte Suprema con el argumento de que los plazos adicionales benefician a los autores y su familia. Por otra parte, la CTEA sigue los lineamientos de las leyes europeas, que establecen plazos más largos de protección.

No obstante, los querellantes sostienen que el Congreso ha ido más allá de la Cláusula sobre Derechos de Propiedad Intelectual, cuya finalidad es incentivar la creación de obras nuevas.

Los plazos de protección ya están impidiendo que editores y distribuidores de películas independientes utilicen obras que no son de dominio público.

Restaurar películas viejas de las décadas de 1920 y 1930, que utilizaban nitrato de plomo —sustancia que destruye el material a la larga— cuesta hoy varios miles de dólares.

En consecuencia, "no se restaura ninguna película posterior a 1923, y todas esas películas se perderán inevitablemente."

Por otra parte, las orquestas pequeñas dependen de obras que son de dominio público porque no pueden pagar los derechos de las obras protegidas. A medida que el dominio público se reduce, también se reducirá el repertorio de las orquestas, advierte Bromberg.

"Algunas obras se perderán irremediablemente y otras no estarán a disposición del público", sigue diciendo.

Los que apoyan a los demandantes opinan que estos libros, canciones y películas antiguas pueden ponerse a disposición del público sin costo alguno si se anulan las extensiones de los plazos de vigencia de los derechos.

"La decisión sobre el caso Eldred llega en un momento crucial para nuestra cultura y sus productos. Hoy tenemos en nuestras manos un archivo universal de obras impresas, sonoras y visuales", dicen en un escrito denominado amici brief (expediente presentado a un tribunal por un grupo de personas que, no siendo parte del juicio, tienen interés en el resultado del mismo) que fue presentado por Internet Archive apoyando la posición de los demandantes.

El fallo que se dicte en el caso Eldred reviste tanta importancia como el dictamen de la Corte Suprema sobre derechos digitales en el caso Tasini et al. c/ The New York Times et al., dado a conocer el año pasado.

"En el caso Tasini, el tribunal decidió restringir la disponibilidad de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual en el dominio digital —explicó un perito en el tema, David Opderbeck—. En cambio, si la Corte adoptara el punto de vista de los demandantes (en el caso Eldred), el efecto sería el contrario: aumentar la disponibilidad online."

Si la Corte Suprema de Estados Unidos dictamina que la Ley de 1998 es inconstitucional, "habrá más material disponible para colocar en Internet y distribuir a través de este medio", siguió diciendo Opderbeck.

A diferencia del caso Tasini, "el caso Eldred no afectará los intereses de los autores", dijo por su parte Lessig.

La Corte Suprema tratará el caso Eldred en el próximo otoño (primavera en el hemisferio sur). Probablemente habrá un fallo dentro de un año.

Es muy probable que el caso Eldred sólo sea el primero de una serie de juicios sobre derechos de propiedad intelectual que se suscitarán en el futuro inmediato.

"Este puede ser el primero de toda una serie de litigios en los cuales los tribunales tendrán que establecer un equilibro entre los problemas que genera la tecnología y la economía de la información", terminó diciendo Bromberg.

Fuente: (Wired News) - Aportado por Alejandro Alonso

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